La Contraloría General determinó que durante los años 2020 y 2021 funcionarios de la Red Asistencial Áncash de EsSalud contrataron irregularmente a dos postores con pagos que ascienden a S/ 5 223 210 para que realicen servicios de cremación, inhumación, recojo y traslado de cadáveres de pacientes que fallecieron a causa del Covid-19 en el Hospital III Chimbote.
Este hecho evidenciado perjudica el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Abastecimiento. Según detalla el Informe de Control Específico N° 056-2023-2-0251, servidores públicos con cargos de confianza no gestionaron la inclusión de la contratación de tales servicios en el Plan Anual de Adquisiciones 2020.
Sin embargo, tramitaron contratos fraccionados por dos años consecutivos sin contar con el requerimiento del área usuaria y omitieron realizar el procedimiento de selección, contraviniendo la normativa que regula las contrataciones del Estado.
Para ello, dieron conformidad a 230 órdenes de compra por montos menores o iguales a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT). De ellas, 228 se usaron para regularizar servicios prestados con anterioridad sin haber firmado contrato, ya que consignaron como plazo de entrega fechas previas a su emisión hasta por 336 días.
Esto pese a contar con recursos disponibles en la partida Otros Servicios, la cual se incrementó en S/ 4 135 734 y S/ 3 237 311 para los años 2020 y 2021, respectivamente.
En la revisión de boletas de contabilidad y expedientes de contratación, se detectó la duplicidad en el pago por servicios de cremación e inhumación de cinco asegurados fallecidos por Covid-19 en el 2021 cuyos nombres y DNI figuran dos veces en facturas, certificados de defunción y actas de entrega de cenizas o constancia de sepulturas, generando un perjuicio económico a EsSalud por S/ 11 600.
En los Términos de Referencia (TDR) para la contratación del servicio de inhumación, se verificó que se establecieron requisitos adicionales a los que exige el Reglamento de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios, limitando el acceso a mejores ofertas respecto a precio y la libre concurrencia, pluralidad y participación de postores (principio por el que deben regirse las contrataciones públicas).
Además, uno de los proveedores no cumplía con los requisitos solicitados en los TDR por lo que al inicio de la prestación del servicio carecía de Registro Nacional de Proveedores y no presentó la autorización sanitaria para el funcionamiento de crematorio emitido por la Dirección Regional de Salud. Situación que puso en riesgo el control de los factores de contaminación y aumentó la posibilidad de diseminación del Covid-19.
El informe de control posterior “Contratación, ejecución contractual y pago de servicios de cremación, inhumación, recojo y traslado de cadáveres de pacientes fallecidos por Covid-19 - Red Asistencial Áncash”, corresponde al período del 3 de abril del 2020 al 21 de enero del 2022 y se encuentra publicado en el Buscador de Informes de Control para el acceso público.
El documento fue elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de EsSalud y ha sido comunicado a su presidente ejecutivo para el deslinde de responsabilidades y el inicio a las acciones administrativas y civiles contra los servidores de cargos de confianza y ex servidores comprendidos en los hechos.
Además, también se le notificó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones legales penales que correspondan.
Sin embargo, tramitaron contratos fraccionados por dos años consecutivos sin contar con el requerimiento del área usuaria y omitieron realizar el procedimiento de selección, contraviniendo la normativa que regula las contrataciones del Estado.
Para ello, dieron conformidad a 230 órdenes de compra por montos menores o iguales a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT). De ellas, 228 se usaron para regularizar servicios prestados con anterioridad sin haber firmado contrato, ya que consignaron como plazo de entrega fechas previas a su emisión hasta por 336 días.
Esto pese a contar con recursos disponibles en la partida Otros Servicios, la cual se incrementó en S/ 4 135 734 y S/ 3 237 311 para los años 2020 y 2021, respectivamente.
En la revisión de boletas de contabilidad y expedientes de contratación, se detectó la duplicidad en el pago por servicios de cremación e inhumación de cinco asegurados fallecidos por Covid-19 en el 2021 cuyos nombres y DNI figuran dos veces en facturas, certificados de defunción y actas de entrega de cenizas o constancia de sepulturas, generando un perjuicio económico a EsSalud por S/ 11 600.
En los Términos de Referencia (TDR) para la contratación del servicio de inhumación, se verificó que se establecieron requisitos adicionales a los que exige el Reglamento de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios, limitando el acceso a mejores ofertas respecto a precio y la libre concurrencia, pluralidad y participación de postores (principio por el que deben regirse las contrataciones públicas).
Además, uno de los proveedores no cumplía con los requisitos solicitados en los TDR por lo que al inicio de la prestación del servicio carecía de Registro Nacional de Proveedores y no presentó la autorización sanitaria para el funcionamiento de crematorio emitido por la Dirección Regional de Salud. Situación que puso en riesgo el control de los factores de contaminación y aumentó la posibilidad de diseminación del Covid-19.
El informe de control posterior “Contratación, ejecución contractual y pago de servicios de cremación, inhumación, recojo y traslado de cadáveres de pacientes fallecidos por Covid-19 - Red Asistencial Áncash”, corresponde al período del 3 de abril del 2020 al 21 de enero del 2022 y se encuentra publicado en el Buscador de Informes de Control para el acceso público.
El documento fue elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de EsSalud y ha sido comunicado a su presidente ejecutivo para el deslinde de responsabilidades y el inicio a las acciones administrativas y civiles contra los servidores de cargos de confianza y ex servidores comprendidos en los hechos.
Además, también se le notificó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones legales penales que correspondan.
