Contraloría alerta que penales supervisados no tienen suficiente personal, armamento ni implementos de seguridad

• Siete establecimientos penitenciarios carecen de sistema de bloqueo de señal de celulares e Internet

Durante un operativo realizado a nivel nacional, los auditores de la Contraloría General de la República (CGR) supervisaron 52 establecimientos penitenciarios, donde identificaron 265 situaciones adversas que vienen afectando la seguridad y vigilancia integral de estos penales que albergan a cerca de 90 mil internos. El mayor número de riesgos se concentra en los locales de Lima.
El problema más recurrente en los establecimientos penitenciarios que se encuentran a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) es la insuficiente asignación y disponibilidad de personal, armamento, equipamiento táctico y medios de comunicación en los puestos de seguridad (81 situaciones adversas). Con algunas de estas limitaciones figuran los E.P. Miguel Castro Castro, Cañete y Huacho (Lima), Huaraz y Chimbote (Áncash), Chincha (Ica), La Oroya y Chanchamayo (Junín), Trujillo (La Libertad), Tumbes (Tumbes), Tarapoto (San Martín) y Moquegua (Moquegua).
De acuerdo con los informes de control emitidos, en 24 de las 52 cárceles supervisadas existe limitada cantidad de personal para cubrir todos los torreones, el perímetro, el control de videovigilancia, así como para efectuar el traslado y custodia de internos, situación que afecta la seguridad y vigilancia integral de los penales, así como la capacidad de respuesta oportuna ante posibles eventos que comprometan la seguridad interna, de los internos, del personal penitenciario o de los visitantes.

A ello se suma la presencia de agentes de seguridad que carecen de licencias para hacer uso de armas de fuego o tienen las licencias vencidas, lo cual genera el riesgo y/o contingencias legales ante un eventual uso de sus armas. De los 229 agentes con licencia vencida, 200 laboran en el penal Miguel Castro Castro y 29 en el establecimiento de Chachapoyas (Amazonas).

Sistemas de videovigilancia
Durante el operativo se advirtió que en 43 de los 52 establecimientos penitenciarios existen situaciones adversas relacionadas a la inoperatividad de las cámaras de videovigilancia, las cuales podrían afectar el adecuado desarrollo de las actividades de vigilancia y control (51 situaciones adversas). Con mayor frecuencia se han observado estos riesgos en la Base Naval - Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Callao), Yurimaguas e Iquitos (Loreto), Bagua Grande (Amazonas), Arequipa y Camaná (Arequipa), así como en Cochamarca (Pasco).
En líneas generales, se han encontrado cámaras inoperativas, defectuosas, con imágenes borrosas, deficientes o sin visualización; existencia de zonas críticas y sectores sin cobertura de videovigilancia generando puntos ciegos (en tales condiciones el sistema no permiten recuperar, visualizar o respaldar adecuadamente las grabaciones); periodos de almacenamiento de imágenes menores a los 60 días establecidos por norma; entre otros hechos que podrían afectar el monitoreo de las instalaciones o detectar situaciones que puedan poner en riesgo el orden y la seguridad.

Ingreso y control de visitantes
También se ha alertado sobre la carencia o inoperatividad de equipos tecnológicos para realizar el control de seguridad en los puntos de acceso penitenciario, limitando la revisión eficaz de visitas y bienes, lo cual podría facilitar el ingreso de objetos prohibidos y comprometer la seguridad del establecimiento penitenciario (50 situaciones adversas).
En este caso, se ha determinado la inexistencia o el mal estado de equipos de Rayos X, arcos detectores, escáner, sistema de control biométrico, detectores de metales portátil, etc., necesarios para la revisión de los visitantes de los internos. En Chimbote (Áncash) y Callao (Callao), por ejemplo, el control de ingreso, inspección y registro de personas se realiza únicamente de forma manual debido a la falla o inoperatividad de los equipos. Mientras que se han encontrado equipos inoperativos en Challapalca (Puno), Camaná (Arequipa), Huancayo (Junín), Huánuco (Huánuco), Cochamarca (Pasco), Cajamarca (Cajamarca) y Trujillo (La Libertad).
Bloqueo de señal de celular e Internet
En 13 de los 52 establecimientos penitenciarios supervisados se identificaron riesgos relacionados con el deficiente sistema de bloqueo o inhibición de señales de telefonía móvil y radiofrecuencia, así como una deficiente supervisión, lo que podría afectar el control de comunicaciones ilegales no autorizadas comprometiendo la seguridad del sistema penitenciario.
Siete centros penitenciarios carecen de sistemas de bloqueo o inhibición de sistemas de señales de telefonía móvil, Internet y radiofrecuencia, los mismos que son: Barbadillo (Lima), Base Naval – CEREC (Callao), Río Negro (Junín), Juanjuí y Tarapoto (San Martín), Iquitos (Loreto) y Pucallpa (Ucayali).

Los otros seis locales, si bien cuentan con la instalación de los inhibidores de señal, carecen de los resultados de las evaluaciones de las pruebas de efectividad y de los reportes de incidencias vinculados al funcionamiento del sistema. En Callao (Callao) y Chiclayo (Lambayeque) se comprobó la existencia de señal de telefonía móvil pese a contar con sistemas de bloqueo o inhibición instalados.

Seguridad en el perímetro
En 41 de los 52 establecimientos penitenciarios supervisados se identificaron situaciones adversas relacionadas con las condiciones físicas de los elementos de seguridad perimetral. Con mayor frecuencia, se detectaron deficiencias en el estado de conservación, integridad y funcionalidad de muros, cercos, mallas y estructuras de los torreones, situación que podría limitar la adecuada capacidad de contención, protección y vigilancia del penal. También se encontraron deficiencias en la operatividad, disponibilidad y cobertura de los sistemas de iluminación y faros “busca personas”, lo cual podría limitar la vigilancia del perímetro durante el horario nocturno.
Adopción de medidas
Los resultados del operativo de control efectuado del 14 al 16 de setiembre de 2026 fueron comunicados oportunamente a los directores regionales del INPE a fin de que adopten las medidas correctivas, las cuales deben ser remitidas al Órgano de Control Institucional (OCI) del INPE.