El hurto masivo de energía eléctrica que detectó el personal técnico de Hidrandina, empresa del Grupo Distriluz, en el asentamiento humano Joselyn Álvarez, en Nuevo Chimbote, evidenció un riesgo eléctrico por la presencia de las conexiones clandestinas bajo tierra.

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Fueron cerca de 80 familias de la zona que se beneficiaban ilegalmente del servicio de luz. El hurto se realizaba a través de conectores de energía desde los postes de baja tensión hasta sus viviendas, de manera subterránea.

La empresa informó a los pobladores que pueden solicitar un suministro provisional de venta en bloque, es decir un medidor colectivo para todas las viviendas, para evitar situaciones similares y futuras sanciones.

Es preciso indicar que el hurto de energía y la manipulación de un medidor no solo significan un riesgo eléctrico, también se encuentran tipificadas como delitos, cuyas penas oscilan entre uno a tres años de cárcel.

Hidrandina exhorta a la población a presentar denuncias sobre estos casos en la comisaría más cercana e informar a la empresa a fin de asegurar que esta conexión no sea un peligro para la integridad de las personas